El lobby detrás de tu almuerzo

He aquí una pregunta que merece la pena plantearse: cuando un agricultor recurre a un pesticida, ¿qué conocimiento está informando esa decisión?

Su propia experiencia, tal vez. El consejo de su agrónomo. Un informe que leyeron o hacia el que los orientaron. Un curso de formación universitaria. Y en cada una de esas encrucijadas —el agrónomo, el informe, la universidad—, hay una probabilidad razonable de que la respuesta sea: Bayer. O Syngenta. O Corteva. O BASF.

Cuatro empresas. Las mismas cuatro, más o menos, se mire por donde se mire. Controlan alrededor del 60 % de los mercados mundiales de semillas y fitosanitarios. En 2019, el mismo cuarteto controlaba el 75 % de la investigación en mejora vegetal a nivel mundial. Sus nombres están en las puertas de las explotaciones agrícolas que alimentan a Europa. También están, cada vez más, en las aulas donde se forma a los agricultores, en las revistas donde se publica la ciencia agrícola, en los pasillos de Bruselas donde se negocia la política alimentaria y en unos mercados que dejan a los productores con pocas alternativas prácticas más allá de comprar lo que ellas venden.

Educación: la compra del plan de estudios

Los presupuestos públicos destinados a la investigación agrícola en Europa se han ido recortados progresivamente durante décadas, y el sector privado ha ocupado ese vacío. Cuando una empresa financia una cátedra universitaria, patrocina un programa de investigación o dota una beca, condiciona las preguntas que se plantean, las soluciones que se modelan y las alternativas que quedan sin explorar.

La Universidad de Wageningen , en los Países Bajos, es una de las instituciones agrícolas más respetadas del continente y un referente habitual para las políticas de la UE. Sin embargo, su independencia también se ha puesto en entredicho. En 2021, CropLife Europe —la asociación patronal con sede en Bruselas que representa a Bayer, BASF, Syngenta (hoy de propiedad estatal china, pero esa es historia para otro artículo), Corteva y compañía— encargó a Wageningen una evaluación de impacto sobre los objetivos de reducción de pesticidas de la estrategia de la UE «De la Granja a la Mesa». El prefacio del propio estudio afirmaba que los representantes de CropLife habían «guiado» y «supervisado» el proyecto en todo momento: debatiendo el enfoque, revisando los resultados preliminares y aportando comentarios. Para colmo, la presidenta del Consejo de Administración de Wageningen, Louise Fresco, se había incorporado casualmente al consejo de Syngenta en 2019. Qué sorpresa.

El estudio se centró exclusivamente en las pérdidas de producción proyectadas y en los costes económicos. Cuando Corporate Europe Observatory preguntó a Wageningen por qué no se habían incluido los beneficios ambientales esperados de la reducción de pesticidas, la respuesta fue que , «desafortunadamente, quedaba fuera del alcance del proyecto». Un alcance que, por supuesto, había sido definido por CropLife. Wageningen reconoció posteriormente que aquello fue un error. Pero hablar de «error» implica una excepción y, por desgracia, ese no parece ser el caso.

De la financiación a los «autores fantasma»

En 2021, los investigadores Leland Glenna (Penn State) y Analena Bruce (Universidad de Nuevo Hampshire) publicaron un artículo en la revista Research Policy basado en documentos internos de Monsanto que habían salido a la luz a raíz de varios litigios. Lo que descubrieron iba mucho más allá de una simple influencia: en casos documentados, la propia empresa había redactado artículos científicos y pagado a científicos externos para que los firmaran (una práctica conocida como ghostwriting o escritura fantasma). El objetivo explícito era generar literatura «independiente» revisada por pares para blindar su herbicida estrella, el Roundup, frente a la supervisión reguladora.

Esos artículos redactados por encargo aparecieron en la revista Critical Reviews in Toxicology en 2016 bajo el título «Una revisión independiente del potencial carcinogénico del glifosato». Sus conclusiones contradecían a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, que el año anterior había clasificado el glifosato como probable carcinógeno humano. Los documentos internos revelaron que Monsanto ya había identificado qué científicos externos servirían como «firmantes» útiles antes de que se redactara la primera palabra. Uno de sus propios científicos sénior revisó los manuscritos antes de enviarlos. En un correo electrónico interno, el ejecutivo de Monsanto , William Heydens , describió el manuscrito como algo «iniciado por [Monsanto] como autores fantasma» y señaló que «tendría más fuerza si lo firmaran científicos ajenos a Monsanto».

El resultado es una cultura académica en la que los investigadores han dejado de actuar como científicos para convertirse en peones de campañas de presión (lobbying) y relaciones públicas corporativas.

Existe otra restricción estructural que termina de cerrar el círculo. Como las multinacionales poseen las patentes de las semillas, los investigadores que quieren estudiar cultivos transgénicos deben, en muchos casos, pedir permiso al titular de la patente para hacerlo. Si el propio objeto de tu investigación tiene el poder de decidir si puedes estudiarlo o no, la palabra «independiente» pierde todo su sentido.

La ciencia funciona porque confiamos en el proceso: investigadores independientes, métodos transparentes y revisión por pares. Sin embargo, lo que estas pruebas describen es un sistema donde el proceso ha sido manipulado desde la raíz. El informe resultante tiene toda la apariencia de ser científico, se cita en los expedientes de regulación y llega a Bruselas con toda la autoridad que se supone que confiere la investigación académica.

El regulador: la ciencia como munición

La industria de los agroquímicos ha construido un aparato de presión (lobby) de proporciones colosales. Las ventas mundiales de pesticidas se han duplicado en los últimos 20 años y, tras una oleada de megafusiones, el grupo formado por Bayer-Monsanto, BASF, Syngenta y Corteva (Dow-DuPont) controla ya casi dos tercios de un mercado valorado en cerca de 53 .000 millones de euros.

Cuando la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la UE fijó como objetivo reducir a la mitad el uso y el riesgo de los pesticidas para 2030, la industria movilizó la infraestructura de investigación que llevaba décadas construyendo. Un informe de marzo de 2022 de Corporate Europe Observatory —elaborado a partir de cientos de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información y filtraciones de estrategias internas— detalla exactamente cómo lo hicieron.

En las semanas previas a una votación clave del Parlamento Europeo sobre esta estrategia en octubre de 2021, varias organizaciones del sector y sus aliados (entre ellos CropLife Europe, el lobby agrícola conservador Copa-Cogeca y el Departamento de Agricultura de EE. UU.) encargaron seis «estudios de impacto». Estos informes se presentaron en tres eventos patrocinados por la propia industria en la mismísima semana previa a la votación. Dos de ellos fueron elaborados por Wageningen y uno por la Universidad de Kiel. Todos se enfocaron exclusivamente en las pérdidas de producción proyectadas ; ninguno evaluó los beneficios ambientales o sanitarios de reducir los pesticidas.

De los 54 debates sobre agricultura organizados por el medio Euractiv entre enero de 2020 y abril de 2022, casi el 60 % estuvieron patrocinados por la industria , frente a solo uno financiado por una ONG. Según la declaración de la propia Bayer en el registro de transparencia de la UE, la corporación destinó entre 6,5 y 7 millones de euros a presionar a las instituciones comunitarias solo en 2021, contratando a ocho agencias de lobby a la vez. Su gasto declarado en publicidad en Politico (el medio político de referencia para funcionarios, comisarios y eurodeputados de la UE, considerado el más influyente de la «burbuja de Bruselas») osciló entre los 300 .000 y los 399 .000 euros ese mismo año (y conviene recordar que esto es solo lo oficial; las cifras reales quedan en el aire). Durante la semana del 21 de febrero de 2022, la cobertura de Politico se centró en el Roundup y estuvo patrocinada diariamente por Bayer, difundiendo mensajes como: «La producción agrícola de la UE podría desplomarse si se aplican completamente los objetivos del Pacto Verde. Inevitablemente, dependeremos más de las importaciones y exportaremos menos».

La granja: sin salida

Todo lo anterior —la investigación dirigida, la ciencia por encargo y las presiones en los pasillos de Bruselas— termina llamando a la puerta de las granjas. Pero cuando llega allí, la libertad real del agricultor para elegir otra vía ya ha sido estrangulada por un cuarto mecanismo: una concentración de mercado tan extrema que, en muchos casos, ha eliminado cualquier alternativa.

Según un informe de junio de 2025 de ETC Group y GRAIN, Bayer, Corteva, Syngenta y BASF ejercen un control absoluto sobre cuatro sectores críticos para el campo: semillas, pesticidas, maquinaria agrícola y veterinaria caprina y ganadera (fármacos animales). Hoy cumplen la definición técnica de oligopolio: un escenario en el que cuatro empresas controlan más del 40 %, el umbral a partir del cual los economistas consideran que las distorsiones sistémicas son inevitables.

La simbiosis entre los mercados de semillas y los productos químicos es el punto donde la dependencia se vuelve total. Cuando Monsanto desarrolló la soja Roundup Ready (semillas modificadas genéticamente para resistir las dosis de su propio herbicida, el Roundup), no lanzó dos productos distintos: vendió un sistema cerrado. El agricultor que compra la semilla queda encadenado al herbicida. Y si decide conservar parte de la cosecha para sembrarla al año siguiente —una práctica tan antigua como la propia agricultura—, está violando las leyes de patentes. Monsanto llevó cientos de estos casos a los tribunales y, casi siempre, ganó.

Al otro lado del océano la situación es idéntica: en Estados Unidos, solo tres empresas (Bayer, Corteva y Syngenta) poseen el 95 % de las patentes estadounidenses para maíz transgénico, el 78 % para soja transgénica y el 93 % para canola transgénica, según datos del USDA. El productor atrapado en este mercado no está eligiendo entre opciones que compiten libremente. Trabaja dentro de un sistema diseñado , a través del control de lo que enseñan las escuelas agrícolas, qué ciencia leen los reguladores y qué semillas ofrece el proveedor , para hacer que un único camino parezca la única opción viable.

Este ecosistema no nació de la libre evolución de los mercados. Fue edificado, metódicamente, durante décadas.

¿Qué significa todo esto?

Nada de esto implica que cada agrónomo esté comprado, que cada estudio sea un fraude o que todos los reguladores estén corrompidos. La mayoría de las personas atrapadas en este engranaje actúan de buena fe, con la información que tienen a su alcance y a través de canales institucionales que parecen legítimos. Pero es así precisamente como opera la influencia estructural. No necesita manzanas podridas en cada eslabón de la cadena. Solo requiere que la arquitectura de la producción de conocimiento, la validación científica, el acceso político y el control comercial empujen, al unísono, en la misma dirección.

Y esa dirección es una sola: vender más insumos.

Las pruebas de esta arquitectura no son meras conjeturas, brotan de los propios documentos confidenciales de la industria: planes de estrategia interna con sus objetivos reales, informes de lobby, publicaciones científicas escritas por autores fantasma, publireportajes corporativos disfrazados de periodismo o investigaciones universitarias acotadas de antemano para arrojar los resultados que necesita el cliente…

Los agricultores que se esfuerzan por hacer las cosas de otra manera —como regenerar el suelo, reducir los insumos químicos o salir del sistema integrado de semillas y fitosanitarios— no operan en un mercado neutral. Nadan contracorriente; una corriente que fue diseñada, a un costo considerable, para fluir en la dirección opuesta. Comprender esto no pone fin al debate, pero nos ayuda a entender por qué hay mucha más resistencia de la que cabría esperar ante la transición hacia sistemas agrícolas más ecológicos y regenerativos. Por eso, cuando la gente se pregunta por qué los cambios significativos en el sistema alimentario avanzan tan despacio, la respuesta rara vez es la falta de voluntad pública. Suele ser el resultado de un esfuerzo muy bien financiado, minuciosamente documentado y totalmente deliberado para asegurarse de que nada cambie.

PD: Si quieres saber más sobre cómo funciona el lobby de la agroindustria en Bruselas, el informe «A Loud Lobby for a Silent Spring,» es una verdadera mina de oro. Gran parte de la información de este artículo proviene de ahí y, si te pareces en algo a mí, te garantizo al 100 % que lo único en lo que pensarás una vez que lo hayas leído es:

What the F***?!